SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público informó este miércoles de que investiga a quienes supuestamente espiaban a la directora de Persecución de la Procuraduría General de la República, Yeni Berenice Reynoso.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, agregó que se ha designado a un procurador adjunto que dirige las investigaciones en ese sentido.
“Estamos en la fase de investigación porque hemos podido comprobar hasta este momento que sí se le estaba dando seguimiento (a Reynoso)”, afirmó Ortiz en un documento enviado por la Procuraduría General de la República.
Ortiz explicó que se están realizando una serie de entrevistas, desplazamientos a lugares, investigación electrónica y demás, “para determinar si efectivamente se trató de un seguimiento, quién ordenó este seguimiento y cuál era el objetivo final”.
A finales de mayo pasado trascendió que dos miembros de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) fueron detenidos, luego de ser sorprendidos merodeando la residencia de un alto oficial integrante del equipo de apoyo del Ministerio Público que investiga lo relativo al Caso Coral, de presunta corrupción.
A los militares, quienes luego fueron puestos en libertad sin cargos, se les habría ocupado teléfonos celulares con fotos de la vivienda de Reynoso y de vehículos que esta utiliza.
En ese orden, Ortiz refirió que una vez se determinen responsabilidades, se abriría un nuevo proceso, por delitos distintos a los de corrupción administrativa.
Los sometimientos podrían incluir, especificó, tanto a los militares que fueron descubiertos ubicando la residencia y lugares frecuentes de Reynoso, así como a cualquier otra persona que pretenda entorpecer las investigaciones.
La magistrada Ortiz denunció en el documento, que además del presunto espionaje a Reynoso, empleados de militares activos han amenazado de manera directa al personal del Ministerio Público responsable de custodiar bienes incautados a los implicados en el Caso Coral.
“Amenazas de manera directa han recibido nuestros encargados de bienes incautados, que son las personas que se trasladan a los lugares que son objeto de investigación por parte del Ministerio Público, y estas personas que cuidan o custodian o que obedecen a las órdenes de militares activos han querido amedrentar a parte de los miembros del Ministerio Público que se dedican a realizar esta función”, detalló Ortiz.
Recordó que el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), el mayor general Adan Cáceres Silvestre, presunto cabecilla del entramado del Caso Coral, permanece como militar activo y que existen en las instituciones personas que actúan según su lealtad al poder militar.
Además de Cáceres, guardan prisión preventiva por el Caso Coral la pastora Rossy Guzmán; su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán; el coronel de la Policía Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
El otro implicado es el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón, quien guarda prisión domiciliaria en un lugar desconocido a pedido del Ministerio Público, pues este detalló el supuesto método que utilizaban los imputados para apropiarse de miles de millones de pesos de varios organismos gubernamentales.
